El proyecto educativo macrista: mercado, pruebas PISA y naves rosas

Los candidatos

Días atrás, salió en el diario La Nación un informe acerca de la gestión educativa de los tres candidatos a presidente con más chances: Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa.

Las variables que se analizan son el presupuesto general, la repitencia, la infraestructura y la formación docente. Para cada variable, salvo a la de formación docente, se efectúa también un análisis histórico sobre su evolución. Llamativamente (o no), La Nación aporta dos “datos” clave de las gestiones de Macri y Scioli: en el primer caso, afirma que el salario mínimo de un docente de jornada completa, hasta siete años de antigüedad, es de $16.300 (ocho horas por día, sin contar tiempo extra de corrección y planificación, a cargo de chicas y chicos, calcular cuánto se paga un trabajo de responsabilidad similar en otro rubro en el ámbito privado). Este dato es falso, pues hay una diferencia sensible según se tenga 1, 4 ó 7 años de antigüedad (en este link se accede a la grilla salarial docente). Para Scioli, se destaca la bajísima inversión en infraestructura.

La educación pública en la Ciudad de Buenos Aires

El dato que se omite en la nota es la desagregación del presupuesto destinado a educación pública y educación privada. En este punto, según datos del propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se informa que en 2013 se invirtieron anualmente por alumno, en promedio, $ 27.758 en la educación de gestión estatal, y $ 26.200 en la educación de gestión privada.

Los subsidios estatales en la educación de gestión privada cubren, en general, los salarios de docentes y no docentes, que es la erogación más crítica de esos establecimientos. Desde el PRO, argumentan que esos subsidios son más altos en las escuelas privadas de menores recursos, como una forma de matizar el problema. Lo cierto es que, calculando, la diferencia entre lo invertido en educación pública y privada es mínimo: vale subrayar que las escuelas públicas no cuentan con entradas de aportes por cuotas, que sirven para cubrir cuestiones infraestructurales, compras diarias, material didáctico actualizado. Está claro que, a inversión equivalente, las escuelas que cuenten con un ingreso de montos extra están en mejores condiciones de ofrecer una propuesta educativa de calidad.

Las razones por las cuales la matrícula escolar fue privatizándose progresivamente en los últimos 50 años son múltiples. Lo cierto es que, con matices, se puede plantear que el sistema educativo –al menos para sus niveles obligatorios: sala de 4, primaria y secundaria– presenta circuitos diferenciados: la escuela pública para quienes no la pueden pagar, la privada para quienes sí. Días atrás, Mariano Narodowski (@narodowski) planteaba algunas ideas analizando este punto concluyendo que, habiendo migrado la clase media profesional hacia el subsistema privado, la escuela pública ha perdido uno de los principales motores regulatorios por parte de la sociedad civil. En consecuencia, los únicos actores preocupados por este problema son los sindicatos docentes, camino muchas veces burocratizado y precario. Lo concreto es que esta política del gobierno porteño se parece bastante a un subsidio regresivo: se facilita la emigración de la escuela pública a la privada –que efectivamente le sale al Estado más barata–, un espacio más laxo, desregulado y con la posibilidad de negar vacantes a alumnos que consideren no aptos para la institución.

Esta situación de abandono progresivo de la escuela pública, de desfinanciamiento, va en línea con las problemáticas relacionadas con la precarización laboral de los docentes: sueldos bajos, licencias mal diseñadas, demoras absurdas en el cobro de los haberes –por caso, se puede mencionar que a octubre de 2015 miles de docentes secundarios porteños no habían cobrado aún por sus cargos creados en abril, y que fue trabajado a lo largo de estos seis meses–. El suplemento educativo de La Izquierda Diario publica regularmente noticias vinculadas a esta problemática.

Podríamos enumerar, incluso, algunos de los problemas más corrientes en las escuelas:

– Inconvenientes de calefacción en pleno invierno
– Falta de agua recurrente
– Problemas edilicios graves: caída de techos, humedades estructurales, falta de mantenimiento general en pintura, vidrios rotos, bancos rotos, falta de insumos de limpieza, etc.
– Falta de salidas de emergencia.
– Falta de ascensores o sillas especiales para personas con movilidad reducida.
– Falta de aulas para la NESC, que implicará una modificación de los horarios escolares y exige más espacios.
– Falta alarmante de personal de apoyo socio-educativo para atender los conflictos emergentes de la desesperada situación social de muchos alumnos.
– Falta de celadores de comedor y personal administrativo en las escuelas primarias.
– Falta de bibliotecas actualizadas e informatizadas.
– Falta de jardines de 45 días a 4 años.
– Computadoras obsoletas para realizar la tarea administrativa. Falta de scanners. Falta de cartuchos de tinta. Falta de impresoras color. Falta de WiFi abierta.
– Reemplazo de sistemas de ventilación viejos pero en funciones por ventiladores descartables que se rompieron a la semana.
– Pago a destiempo y en negro de parte del sueldo docente.
– Complejización de la burocracia para proyectos extracurriculares, que se pagan en negro, y producen demoras.
– Ausencia de un sistema de incentivos -científicos, deportivos, artísticos- por parte del Estado a los alumnos.
– El descalabro de la inscripción on line, tanto para alumnxs como para docentes.

Por otra parte, cabe destacar que la cúpula ministerial (Ministro, Subsecretario de Gestión Económica, Subsecretario de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica), como la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura de la Ciudad, son reconocidos militantes de la comunidad católica: Opus Dei y la Vicaría de la Educación del Episcopado. ¿Cuáles son sus trayectorias en la gestión de la educación pública? Nulas.

En este escenario, el planteo del candidato a presidente, Mauricio Macri, acerca de las pruebas PISA suena desfasado: ¿cómo se pueden generar las condiciones para brindar una propuesta contenedora, integral, de calidad, en un contexto que espanta –no cabe otra palabra– a los docentes comprometidos, siendo la propuesta la de incorporar un sistema de premios y castigos para los docentes?

¿De qué revolución educativa habla Macri y su Ministro de Educación de la ciudad, candidato a ocupar la cartera a nivel nacional, cuando los datos de la realidad son estos?

Macri y la educación remota desde su nave rosa

El proyecto educativo de Macri, decorado con una inquietante imagen futurista en tonos rosados y turquesas desarrolla una serie de afirmaciones de sentido común vacío sin propuestas concretas, salvo:

“08. Debemos acoplar los objetivos de la educación con los objetivos del empleo. Estaremos bien cuando los empleadores se disputen a los egresados.”

Aparece acá el sentido común tan evidente de formar mano de obra para el mercado laboral privado. No hay un sentido de la educación socializador, generador de voluntades ciudadanas solidarias y comprometidas políticamente, que aporten ideas para trazar un camino de bienestar general. Por el contrario, la chata y simplona idea neoliberal de darle a los empresarios los empleados que los empresarios quieren. Esta deficiente idea es la negación del acto educativo, subordinándolo a los intereses de un grupo social (los empresarios), en vez de articularlos con la discusión de lo público y el bien común.

“10. Nuestros alumnos deben liderar la prueba Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) o cualquier otra que nos evalúe a nivel mundial.”

Ya hicimos referencia a este punto. Las pruebas estandarizadas no contemplan las complejidades de cada país y la compleja imbricación de variables que se producen. Específicamente, la PISA es una prueba que se mide por igual en sistemas educativos y países tan diversos como China, Liechtenstein, Lituania, Albania, Qatar, Chipre o Argentina, y sólo en 65 países de los más de 200 Estados reconocidos por la ONU. De manera que las PISA, además de comparar lo muchas veces incomparable, y no contemplar aristas centrales para las dinámicas de algunos sistemas educativos, son un número completamente artificial. Son llevadas adelante por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un organismo compuesto por 34 países miembros (entre los que no está Argentina), heredera del Plan Marshall y directamente vinculado a la articulación entre las sociedades y su economía, concretamente, sus empresas. No es extraño que Macri pida escalar posiciones en las PISA y a la vez vincular educación y mercado laboral.

Las restantes 20 propuestas, como se dijo, constituyen un catálogo de vaguedades políticamente correctas sin contenido concreto, lanzadas en un contexto en el cual la mayoría de las jurisdicciones –provincias y CABA– demuestran un verdadero desinterés por la educación pública. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso adquiere por momentos matices oscuros: un grupo de padres organizaron una muestra sobre las pésimas condiciones edilicias en las escuelas de CABA. Para muestra, vale un botón: debajo se puede apreciar la escuela en la que este autor trabaja diariamente: paredes descascaradas, una mesa que parece de descarte de aglomerado a la vista, sin una silla para el docente(podría haber peregrinado por algún aula, pero preferí no perder tiempo de la clase y darla parado).

Por último, también es interesante la publicidad que está haciendo en estas semanas el GCBA para que «creas en la escuela pública». Al observar detenidamente la segunda computadora, se puede ver un logo: pertenece a la ORT, una prestigiosa escuela privada subsidiada por el GCBA. Lisa y llanamente, publicidad encubierta de la escuela privada, en una supuesta publicidad de la escuela pública. ¿Qué otro sentido tendría que nadie haya reparado en ese logo, al diseñarlo? Es demasiado burdo como para que se piense en una omisión.

Discursos y realidades

En una época de campaña electoral, los candidatos buscan seducir al electorado con sus propuestas. Independientemente de la vaguedad con que se manifiestan los principales candidatos, con frases sinuosas y ambiguas que nada dicen –y el problema que esto representa en términos de construcción democrática–, lo cierto es que la crudísima realidad de la educación pública porteña desarma a ladrillazos el discurso educativo de Macri que gira en torno a las pruebas PISA y una enigmática “revolución educativa”.

O la palabra “revolución” ha perdido todo significado, o no es más que un eufemismo para su peor aspecto: la destrucción.